La violencia política ha sido utilizada en Colombia "por todos" para frenar el avance de la democracia y mantener privilegios mientras la población civil ha sido la más sacrificada por el conflicto armado, que solo tendrá fin a través de acuerdos entre los involucrados y la participación de las víctimas.

Esa es una de las conclusiones a la que llegó la Comisión de la Verdad al hacer el análisis de los diferentes conflictos que han azotado a Colombia y en los que han tenido participación activa el Estado, las guerrillas, el narcotráfico y los paramilitares.

"Todos usaron la violencia política como una manera de frenar la democracia, de anular la democracia, y de mantener por un lado privilegios, y los otros, las insurgencias, para imponer un modelo de Estado que nunca lograron", explicó a Efe la comisionada Marta Ruiz, que este martes presentó el capítulo titulado "No matarás", del informe final de la Comisión de la Verdad, entregado en junio pasado.

Según Ruiz, "Colombia nunca ha tenido la paz como un proyecto de nación. Siempre hemos sido chiquitos en la paz, la paz ha sido incompleta".

La paz no es solo el silencio de los fusiles 

El conflicto armado colombiano ha sido largo y sus orígenes se pierden en el tiempo pero la Comisión de la Verdad calcula que el número de víctimas pasa de los 9 millones, de las cuales por lo menos medio millón perdieron la vida.

Nueve de cada diez víctimas eran civiles. La mayoría de estas eran habitantes del sector rural en una guerra en la que los campesinos no solo perdieron la vida sino la tierra y han tenido que luchar para ser incluidos en el proyecto de nación.

"Siempre se ha concebido en Colombia la paz como el silencio de los fusiles y no se han atendido esos factores estructurales que nosotros tratamos de hacer visibles: lo social y lo político", comenta la comisionada, quien considera que ahora el presidente colombiano, Gustavo Petro, toma esas raíces para avanzar en la búsqueda de una "paz total".

Apelar al diálogo constructivo 

A lo largo de su historia, Colombia ha padecido conflictos de diferente índole que bajaron de intensidad a través del diálogo y de acuerdos como ocurrió con la "Revolución en Marcha" durante el primer Gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938), que conllevó un conjunto de reformas en los ámbitos constitucional, agrario, tributario, judicial, universitario, laboral y de política internacional.

Más adelante, estuvo la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) o la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de Juan Manuel Santos (2010-2018).

"Todas ellas lograron bajarle (la intensidad) al conflicto social y armado", explica la comisionada Ruiz, quien agrega que la democracia se ha deteriorado cuando el debate se ha planteado desde las trincheras ideológicas que buscan la destrucción moral del otro y, en cambio, se ha fortalecido cuando se apela al diálogo constructivo.

Al revisar lo que ha pasado en el país, dice Ruiz, se encuentra que la violencia del conflicto mermó cuando hubo acuerdos como el que terminó en la Constitución de 1991 en la que estuvieron presentes grupos insurgentes que dejaron las armas, como el M-19, y diferentes partidos políticos que "ensancharon la democracia".

El narcotráfico prolonga la guerra 

Varios han sido los Gobiernos colombianos que culpan al narcotráfico como actor preponderante en la persistencia del conflicto armado porque mueve grandes cantidades de dinero que han logrado corromper a la política, la economía y la justicia.

"El narcotráfico es un actor de la guerra que entró en escena hacia los años setenta del siglo pasado y no en los noventa y eso explica en buena medida la persistencia del conflicto", acota Ruiz.

A manera de conclusión, Ruiz señala que el conflicto armado en Colombia "no ha dejado ni vencedores ni vencidos" pero sí un elevado número de víctimas que esperan que la situación no se repita y que haya justicia para ellos que "siempre han sido los que ponen los muertos".

EFE